[EL MERCURIO] Desafíos de la nueva Ley de Seguridad Privada

El 14 de marzo recién pasado fue el paso más importante de un largo proceso para la industria de la seguridad privada. Ese día y después de casi 15 años en el Congreso, el Presidente de la República promulgó la Ley de Seguridad Privada, una normativa que busca regular y fortalecer sobre la base de la profesionalización y la coadyuvancia el accionar de más de 200.000 personas que ejercen labores como de asesoría, vigilantes, guardias y conserjes, entre otros.

Este nuevo cuerpo legal busca no solo establecer un marco de acción más amplio y con cierta claridad para cada uno de los componentes de la seguridad privada, que van más allá de los vigilantes y guardias, sino que también busca entregar a los privados más y mejores definiciones de sus instalaciones, incorporando estudios de seguridad, sistemas de alarmas y la implementación de tecnologías para resguardar recintos específicos.

Una vez que esté listo el reglamento, que permitirá que la ley entre en régimen, la nueva División de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, determinará en base al nivel de riesgo qué recintos sean declarados entidades obligadas, en base al nivel de riesgo que generan para su entorno y eso definirá las medidas de seguridad que deberán implementar para evitar que sean víctimas de delitos.

No siempre se releva la importancia de la seguridad privada, pero, solo por dar un ejemplo, está presente en ocho de cada 10 comercios a nivel nacional, también en la mayoría de los condominios residenciales, servicios públicos y empresas de diversa índole.

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad que deban implementar los recintos resguardados por la seguridad privada se presentan como uno de los grandes desafíos una vez que la ley entre en vigencia. La multiplicidad de lugares donde hay un guardia o vigilante privado son tan variados como la especificación de las acciones preventivas que se deban incorporar.

Aquí la implementación de tecnología como cámaras de reconocimiento facial biométricos y lectores de patentes en los ingresos, así como la instalación de un sistema de televigilancia que permitan monitorear 24/7 los espacios y desde cualquier dispositivo, serán parte fundamental de las nuevas medidas de seguridad.

Pero el desafío no se queda solo en tecnologías o en los cambios de criterios para determinar qué espacios son catalogados como entidades obligadas y cuáles no. Uno de los más necesarios es agilizar los proceso de formación, capacitación y acreditación de guardias y vigilantes.

Según cifras oficiales de Carabineros, hay 129.789 credenciales vigentes para ejercer labores de guardias o vigilantes, que según estimaciones, equivale a un poco más del 50% del total de los componentes que la industria tiene a nivel nacional.

Aunque el número de documentos vigentes subió al doble durante la segunda mitad del año pasado, aún hay un número significativo de personas que realizan sus funciones sin tener su acreditación vigente, lo que acarrea multas para las empresas e incertidumbre en quienes contratan estos servicios.

Una oportunidad

La profesionalización de la industria, de la mano de una mejor formación y especialización de los guardias para realizar labores específicas, como resguardo del público en eventos masivos como conciertos o encuentros de fútbol profesional, también representan una gran oportunidad con la nueva regulación: esto permitirá a los organizadores contratar personal idóneo para brindar seguridad al público y potenciar el rol de coadyuvante de las policías.

No cabe duda de que estamos frente a un escenario auspicioso, pero repleto de desafíos, muchos de los cuales irán apareciendo en el camino; pero hoy, el principal y más importante, es tener un reglamento robusto, que incorpore las visiones de los distintos actores de la industria y que siente las bases de un funcionamiento profesional, ético y colaborativo de la industria, destacándose como un engranaje más en el macrosistema de seguridad del país.

Hugo Ibaceta C., Presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transportes de Valores (Aseva)