[EL MERCURIO] Las obligaciones, facultades y prohibiciones que establece la nueva Ley de Seguridad Privada

Mantener coordinación con Carabineros, un plazo de 24 horas para denunciar delitos y la especialización de los guardias según la naturaleza de sus funciones, son algunas de las modificaciones que considera la norma.

Haber completado la enseñanza media, tener condiciones físicas y psíquicas compatibles con el cargo, no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas y de Orden por infracciones disciplinarias, y no tener condenas por tráfico de drogas, armas, lavado de activos y/o conductas terroristas. Estos son solo algunos de los requisitos que establece la nueva Ley de Seguridad Privada para ejercer funciones en esta actividad

Luego de 15 años de tramitación en el Congreso, la legislación está lista para ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric, en un contexto especialmente desafiante en términos de seguridad, y en el que la modernización regulatoria de esta actividad se ha vuelto cada vez más necesaria, no solo para las empresas que prestan el servicio, sino que también para la ciudadanía.

Entre las novedades de la nueva legislación figuran una serie de obligaciones, facultades y prohibiciones que anteriormente quedaban a criterio de cada empresa. Un ejemplo es la necesidad de mantener coordinación permanente con Carabineros, o la obligatoriedad de denunciar cualquier delito dentro de las 24 horas desde que se toma conocimiento del mismo. Lo que era una práctica voluntaria, hoy se transforma en una cuestión vinculante.

‘Sin duda la aprobación de esta ley es un hito muy significativo para el gremio de la seguridad privada, no solo porque su tramitación se extendió por más de 15 años, sino porque se trata de una modernización necesaria y que viene a regular una serie de aspectos claves para el desarrollo profesional del rubro de la seguridad privada. Ciertamente, aún hay aspectos por mejorar, se debe reconocer que entrega ciertas garantías a quienes ejercen funciones como guardias de seguridad’, sostuvo el exoficial de Carabineros y experto en seguridad, Aldo Vidal.

En concreto, la norma faculta a los guardias de seguridad privada a vigilar y proteger establecimientos, faenas, eventos públicos y privados, así como a custodiar el traslado de dinero en transporte de valores, documentos bancarios, elementos peligrosos —que serán definidos en el reglamento de la ley— y otras actividades preventivas enfocadas en resguardar la seguridad de personas, bienes y procesos productivos. Eso sí, siempre en un rol de colaboración con la seguridad pública.

Especialización

Uno de los puntos clave de la nueva legislación tiene que ver con la especialización de quienes ejercen como guardias de seguridad privada. Desde su entrada en vigor, la norma establece que, además de los requisitos académicos, físicos y conductuales, los funcionarios deberán contar con una autorización otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuya vigencia es de cuatro años, con opción de ser renovada por el mismo periodo o uno menor, según estime la autoridad.

‘El hecho de que la última palabra en materia de seguridad privada la tenga la autoridad de turno a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es algo que ha sido muy analizado por los gremios y las empresas de seguridad en general. Muchos de ellos abogaban por la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada, pues se trata de un ente estatal con más autonomía frente al Gobierno central’, añadió el experto en seguridad.

A diferencia de la normativa que se termina, la legislación aprobada por el Congreso reconoce la diversidad de las funciones que cumple la seguridad privada y establece ciertos grados de especialización según la naturaleza del cargo. En ese sentido, la preparación de quien custodia un evento masivo, por ejemplo, debe ser distinta a la de una persona que se desempeña como portero, nochero o rondín dentro de un establecimiento.

Además, como medida de resguardo, los guardias de seguridad que sean clasificados para realizar labores que implican un riesgo alto, deberán contar con sistemas de registro audiovisual durante todo el periodo en el que ejecuten sus funciones.

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