![[EL MERCURIO] Proyecto de seguridad privada quita tareas de acreditación a Carabineros, y empresas piden una superintendencia](https://aseva.cl/wp-content/uploads/2023/08/Aseva-en-El-Mercurio.png)
El robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social hace casi dos semanas, y los sucesivos hechos que se han conocido con posterioridad en otras dependencias públicas, han desnudado la severa crisis que enfrenta la seguridad privada en el país.
En el caso de la secretaría de Estado que dirige el ministro Giorgio Jackson, la falta de cumplimiento de los protocolos por parte de los guardias, habrían propiciado el robo de 23 computadores y una caja fuerte, según la cartera. La empresa HM Seguridad Spa fue sancionada por no tener las acreditaciones al día de sus guardias y, tras una segunda vulneración, sufrió el término anticipado del contrato con el Ejecutivo.
Según datos de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Valores (Aseva), son 180 mil los guardias y vigilantes privados que hoy prestan servicios en distintas industrias, de los cuales solo el 50% cuenta con la acreditación que otorga el OS10 de Carabineros.
Desde 2013 se encuentra en el Congreso una iniciativa que busca dar un marco regulatorio mayor a las actividades que realizan las mas de mil empresas que hay en el rubro.
Según plantean una serie de indicaciones que la Subsecretaría de Prevención del Delito ingresará hoy a la comisión de Seguridad del Senado, las fiscalizaciones y acreditaciones que hoy entrega el OS10 pasarán a dicha repartición pública, y Carabineros concentrará solo las tareas de capacitación.
Carácter preventivo y coadyuvante
En dichas indicaciones, se establece la regulación de la industria de la seguridad privada, definida con carácter preventivo y coadyuvante de la seguridad pública. Por ello, se plantea una subordinación de las personas naturales (guardias, vigilantes, investigadores privados) y jurídicas (empresas de seguridad privada), que ejercen labores en seguridad privada al órgano rector, que será la Subsecretaría de Prevención del Delito, y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La iniciativa señala ciertas prohibiciones al sector privado, como desarrollar cualquier investigación de un delito; intervenir en conflictos políticos, la posesión de armas conforme la normativa vigente; o la grabación y almacenaje de audios, imágenes o videos para fines distintos de seguridad.
Además, propone crear un Registro de Seguridad Privada, a cargo de la subsecretaría, que deberá ser accesible a las autoridades fiscalizadoras.
El presidente de Aseva, Hugo Ibaceta, comenta que desde su trabajo ante la comisión de Seguridad del Senado, ‘hemos hecho hincapié en que se requiere profesionalización, tanto en formación y capacitación’.
‘También se debe establecer un órgano regulador, esto es fundamental’, comenta Ibaceta, y explica que dicho órgano ‘debe responder a la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada, dependiente del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y jurisdiccionales para el desarrollo de la industria’.
El senador (DC) Iván Flores, integrante de la comisión de Seguridad, dice que ‘si bien se ha hablado de crear una Superintendencia, nos parece bien lo que plantea el proyecto en cuanto a que sea la Subsecretaría de Prevención del Delito el órgano rector, desde donde se generarán los lineamientos y directrices’.
Por otra parte, complementa, ‘la certificación que entreguen a las entidades que impartan los cursos de seguridad privada tendrán que contar con un contenido mínimo: uso de la fuerza, derechos humanos, privacidad personal, legislación de seguridad privada, primeros auxilios, probidad, entre otras’.
‘Modernización de los procesos de certificación’
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destaca la importancia de aprobar esta nueva norma, ‘actualizando los criterios para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad y un sistema de vigilancia privada, reformando los requisitos de personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de seguridad privada, estableciendo los estándares técnicos de los medios tecnológicos de la seguridad privada, y regulando el rol de la seguridad privada en eventos y espectáculos masivos’.
Añade que ‘se establecerá por ley una modernización de los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados’, y junto con ello ‘se va a proponer aumentar sustancialmente las multas, con hasta 13.500 UTM ($850 millones aprox.) en el caso de las infracciones gravísimas por parte de las empresas de seguridad privada’.
Respecto de la creación de una superintendencia, como demandan desde Aseva, Vergara responde que ‘si bien las superintendencias son uno de los principales fiscalizadores del Estado, como ministerio concluimos que por su naturaleza de organismos autónomos o servicios descentralizados, no podrían tener mando sobre las policías, lo que es fundamental para controlar a la seguridad privada en el territorio’.
